Juicios contra marcas

Un juzgado mercantil de Madrid había paralizado las demandas de 31 compradores contra Renault porque sus matrículas figuraban en el listado de una demanda colectiva. La Audiencia ordenó reanudarlas: aparecer en ese anexo no vincula a quien no se sumó personalmente a la acción colectiva. Renault fue condenada en costas.

Resultado económico: Reclamados 97.105,19 € entre 31 compradores (pendiente de juicio)

En un caso de consumidores asturianos contra Opel, el Supremo fijó que todos los fabricantes del cártel responden de forma solidaria. Esto significa que el afectado puede reclamar el daño completo a cualquiera de las marcas implicadas, y se confirmó la condena a Opel frente a 60 consumidores.

Resultado económico: Hasta 3.000 € por vehículo

La Unión de Consumidores de Asturias presentó una demanda colectiva contra Ford por el cártel de precios de 2006 a 2013. La Audiencia confirmó la condena del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo, con indemnizaciones por vehículo más intereses y costas.

Resultado económico: Entre 1.500 y 3.000 € por vehículo, más intereses

Un juzgado había rechazado por prescripción la demanda de tres compradores (una empresa y dos particulares) contra Nissan Iberia. La Audiencia revocó esa decisión: el plazo de cinco años empieza cuando la sanción de la CNMC fue firme (28 de mayo de 2021), no cuando se publicó en 2015. Estimó el sobreprecio entre un 10% y un 15%.

Resultado económico: Más de 16.000 € en total con intereses

Repetido el juicio en Barcelona, la OCU pedía unos 3.000 euros para cada uno de sus alrededor de 7.500 afectados. El juez desestimó la demanda porque consideró que la filial española de Volkswagen es solo importadora y no autora de la conducta desleal. La OCU anunció recurso ante la Audiencia de Barcelona.

El comprador de un Qashqai adquirido en 2009 por 13.470 euros reclamó a Nissan el sobreprecio del cártel. El juzgado le concedió el 5% del precio más los intereses legales acumulados desde la compra.

Resultado económico: 673,50 € más intereses desde 2009

FACUA demandó a BMW Ibérica en nombre de socios que compraron coches de la marca durante el cártel. El juez condenó a BMW a indemnizarles con el 5% del precio de compra más intereses desde la fecha de adquisición. BMW anunció que recurriría.

Resultado económico: 5% del precio de compra (entre 1.189 y 3.731 € por afectado, según FACUA)

Un GLC 43 con 88.410 km, aún en garantía, ardió en plena marcha sin causa externa y se destruyó con el equipaje. El juzgado desestimó la demanda contra Daimler por no probarse el defecto, pero la Audiencia la estimó en parte: un coche casi nuevo no se quema así sin un defecto de fabricación, aunque no se identifique la pieza exacta.

Resultado económico: 8.038,28 € (6.038,28 € daños materiales + 2.000 € daño moral); se pedían 17.241,24 €

El comprador de un Mégane de 2010 reclamó el sobreprecio del cártel y en primera instancia obtuvo 885 euros (5% del precio). La Audiencia revocó esa condena y desestimó la demanda: aunque el cártel existió, el informe pericial no tenía base sólida y el demandante no hizo ningún esfuerzo serio por cuantificar el daño.

Ángel Gaitán reclamó a Tesla porque su Model 3, vendido como nuevo y de gama alta, tenía defectos graves de soldadura. El juzgado de Fuenlabrada (marzo de 2022) condenó a Tesla a devolver el precio del coche más una pequeña indemnización, y la Audiencia de Madrid rechazó el recurso de Tesla, que alegaba que no se oía bien la grabación del juicio.

Resultado económico: 62.330 € (precio del coche) + 319 € de indemnización

Un comprador reclamó a Ford el sobreprecio pagado por el cártel. El juez consideró probado que el cártel encareció los coches y rechazó que la acción estuviera prescrita. Fijó la indemnización en el 10% del precio, en línea con la diferencia observada frente a mercados europeos sin cártel.

Resultado económico: 1.954 € (10% del precio)

Volkswagen recurrió la condena de 3.000 euros por afectado lograda por la OCU. La Audiencia no entró en el fondo: decidió que el juzgado de Madrid no era competente por territorio y que el pleito debía repetirse ante los juzgados mercantiles de Barcelona. La condena quedó sin efecto.

El mismo juez dictó ese mes cuatro condenas contra Opel, Citroën (dos) y Renault por el cártel. En el caso de Opel, sobre un coche de 13.722,58 euros, condenó a Stellantis España a pagar el sobreprecio estimado por el perito más intereses.

Resultado económico: 2.553,11 € más intereses

El comprador de un Audi A4 afectado por el dieselgate demandó al concesionario que se lo vendió. El juez declaró nula la compraventa porque el coche emitía más gases de los certificados y el vendedor no informó de ello, y ordenó devolver el precio. Se presentó como la primera anulación de una compra por dieselgate en España.

Resultado económico: Devolución del precio de compra (34.400 €)

El comprador de un Peugeot 5008 de 23.536,23 euros reclamaba 3.207,98 euros por el cártel. El juez dio por probada la participación de Peugeot, pero consideró insuficiente el informe pericial y estimó el daño por su cuenta en un 5% del precio.

Resultado económico: 1.176,81 € más intereses (se pedían 3.207,98 €)

Una socia de FACUA compró un coche en un concesionario en 2019 y, alrededor de un mes después, se rompió la correa de distribución. El concesionario se desentendió de la avería. El juzgado le dio la razón y condenó a la empresa a pagar la reparación, el informe pericial y las costas.

Resultado económico: 1.247 €

Un comprador pedía anular o resolver el contrato y más de 30.000 euros entre daño moral, financiación y depreciación. El Supremo declaró responsable a Volkswagen Audi España como distribuidora, porque es filial del fabricante y se dirigió a los clientes asumiendo la responsabilidad, pero solo le concedió 500 euros por daño moral.

Resultado económico: 500 € de daño moral más intereses

La OCU presentó una demanda colectiva contra Volkswagen-Audi España por el software que ocultaba las emisiones reales de los motores diésel. El juez estimó la demanda y condenó a la marca a pagar 3.000 euros a cada afectado adherido, más de 16 millones en total. La sentencia era recurrible y después fue anulada por falta de competencia territorial (ver caso de la Audiencia de Madrid de 2023).

Resultado económico: 3.000 € por afectado (16.332.000 € en total)

El propietario de un MINI One reclamó por la avería de la cadena de distribución. El juzgado declaró que esa avería era un caso claro de defecto de fabricación, en línea con otras sentencias sobre los motores de BMW y MINI.

El comprador de un Seat Ibiza diésel pedía anular o resolver la compra y una indemnización por las emisiones manipuladas. El Supremo no anuló la venta, pero condenó a Seat, como fabricante, junto al concesionario Talleres Menorca, a pagar solidariamente 500 euros por daños.

Resultado económico: 500 € más intereses legales