Polonia demandará a Europa por prohibir la venta de coches de combustión en 2035

Las cuestiones relacionadas con el transporte en la Unión Europea se están complicando cada vez más. La decisión de la Unión Europea de prohibir la venta de coches nuevos con motor de combustión a partir del año 2035 en el territorio comunitario no ha sentado igual de bien a todos los países miembros.

Hasta ocho países (Francia, Italia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria) se han opuesto a esta medida. Son minoría, pero tienen la suficiente fuerza como para tumbar la entrada en vigor de la norma prevista para 2025. De hecho, Alemania ha bloqueado durante semanas el acuerdo hasta lograr una excepción a ciertos combustibles climáticamente neutros.

En esta ocasión ha sido la ministra de Medio Ambiente de Polonia, Anna Moskwa, quien ha levantado la voz contra la Comisión de Transportes de la UE, anunciando una demanda en el Tribunal Europeo contra esta decisión de imponer los coches eléctricos en todo el territorio en 2035.

La ministra polaca ha tomado esta decisión tras no ser atendida en sus demandas, siendo la única representante de un país europeo que ha votado reiteradamente “no” a todas las propuestas.

Moskwa siempre ha señalado que "Polonia no está acuerdo con este y otros documentos del paquete «Fit for 55» y lo estamos llevando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que acudimos al Tribunal de Justicia de la UE", deseando que haya más países que se sumen a esta iniciativa, que los hay y han sido muy críticos con la decisión, pero no se han atrevido a dar semejante paso.

La ministra polaca tiene sus propios fundamentos, y perfectamente basados, solicitando a los comisarios implicados, especialmente al líder de esta propuesta, Frans Timmermans, la realización de un análisis adecuado del mercado y las consecuencias que ocasionará tal prohibición a nivel social.

Para argumentar su postura dice que muchos de los países del sur, centro y este europeos no tienen el mismo nivel adquisitivo que los del norte. Esto hace inviable que sus ciudadanos puedan permitirse un coche eléctrico del mismo nivel del que tienen actualmente.

Además, según los polacos, las cuentas se resumen fácilmente: los parques automovilísticos alargarán mucho más tiempo su renovación, lo que impedirá aumentar la carga tecnológica de protección ante accidentes, además de los miles de puestos de trabajo que se perderán si se cumplen las amenazas de los fabricantes de que los eléctricos, al necesitar menos componentes y piezas, también reducirán la mano de obra tanto de las fábricas como de las empresas de componentes a la calle.

A pesar de toda esta polémica con los vehículos de combustión, España está en un punto totalmente opuesto de Polonia. Pese que nuestro país es el segundo productor de coches de Europa y cuenta con dos millones de trabajadores que dependen del sector, es uno de los territorios que está a favor de la prohibición tal y como se ha planteado hasta ahora, sin excepciones a los combustibles sintéticos que podrían mantener vivos los motores de gasolina y diésel.

Es más, España puso en cuestión la decisión que tomó Alemania, a través de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Alemania, por su parte, logró sacar adelante su moción de los combustibles sintéticos, amagando con tumbar la propuesta, pero a Italia se le denegó el uso de los biocombustibles. Ahora, la demanda que Polonia interpondrá en el TJUE puede abrir la puerta a que la UE reconsidere una estrategia que, para muchos, ha sido impuesta sin realizar ningún estudio previo.